Derecho administrativo

Sobre el libro Derecho administrativo de Lucía Alarcón Sotomayor, Elsa Marina Álvarez González, Carmen María Ávila Rodríguez, Antonio Bueno Armijo, Eloísa Carbonell Porras, Jurado Diego J. Vera, Manuel Izquierdo Carrasco, Mariano López Benítez, Antonio Marti del Moral, Manuel Moreno Linde, Rafael Pizarro Nevado, Manuel Rebollo Puig i Manuel Rodríguez Portugués publicado por Tecnos al 2023:

Adaptado a los planes de estudios del grado en Derecho, este "Derecho Administrativo" cubrirá en sus diversos tomos las asignaturas obligatorias y optativas, y desde la llamada parte general hasta las partes especiales más significativas, como son las de Derecho urbanístico y ambiental. Todo ello con específicas referencias al Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aquellos aspectos o sectores en los que tiene más relevancia, Derecho autonómico que sirve además de referencia para una más completa visión del Derecho español en su conjunto. Su finalidad docente no se agota en la pretensión de ofrecer a los alumnos que se enfrentan por primera vez con el Derecho Administrativo unos conocimientos elementales, sino que aspira a servirles en su formación posterior que ha de ser permanente, en suministrarles conceptos, estructuras y principios que puedan serles provechosos después para sus estudios complementarios y sus diversas actividades profesionales. Por ello mismo, su carácter pedagógico no está reñido, sino todo lo contrario, con su utilidad para los profesionales del Derecho que, ya con más conocimientos, anhelen una comprensión cabal y actualizada de un sistema jurídico que resulta de gran complejidad y, a veces, inextricable. En este Tomo II se abordan las instituciones básicas del régimen jurídico de las Administraciones públicas y de su control. Así, se exponen el procedimiento administrativo; el acto administrativo, con su régimen de invalidez, eficacia y ejecución; los recursos administrativos; la revisión de oficio; el sistema general de infracciones y sanciones administrativas; la responsabilidad patrimonial de la Administración y de otros poderes públicos; la contratación del sector público; y la jurisdicción contencioso-administrativa.