Derecho Administrativo

Sobre el libro Derecho Administrativo de Antonio Bueno Armijo, José Cuesta Revilla, Lourdes De la Torre Martínez, Manuel Izquierdo Carrasco, Mariano López Benítez, Lourdes Yolanda Montañés Castillo, Manuel Rebollo Puig, Diego José Vera Jurado i Mª Remedios Zamora Roselló publicado por Tecnos al 2017:

Continuando los objetivos que se expusieron en el prólogo general de la obra, este Derecho Administrativo. Modos y medios, culmina, a falta del tomo dedicado al empleo público, los contenidos propios de la convencionalmente denominada Parte General del Derecho Administrativo. En él se analizan, en primer lugar, las distintas maneras en que la Administración Pública afecta a los derechos de los particulares, aumentándolos o restringiéndolos. Fiel a la metodología seguida por este manual, se desgranan los principales caracteres y el régimen jurídico de la actividad de limitación, tanto en sí misma considerada como en su diferenciación con la clásica actividad de policía -a la que comprende-; se adentra en la complejidad que en nuestros días presenta la llamada actividad prestacional, delimitando especialmente cuáles son los rasgos comunes y las diferencias existentes entre los servicios públicos en sentido estricto y los servicios de interés general. Y finalmente, la exposición de los modos de actuación de la Administración se completa con el análisis de la actividad administrativa de fomento para cuya configuración se realiza un pormenorizado estudio del Derecho de la Unión. La completa satisfacción de esas actividades principales requiere de la existencia de unos medios instrumentales que permitan a la Administración realizarlas y le den soporte. Desde este punto de vista, completan los contenidos de este Tomo III: el estudio de la expropiación forzosa, como forma coactiva de ablación de bienes y derechos de los particulares para ponerlos al servicio de una utilidad pública o de un interés social; y la atención a la teoría de los patrimonios públicos, en su distinta gradación de bienes demaniales y patrimoniales, como bienes de titularidad pública que la Administración emplea para el logro de los intereses generales que, constitucionalmente, tiene atribuidos.